La denuncia contra la Anses por el desvío de fondos, que involucra al vicepresidente, irá a Casación y después a la Corte. Mientras las violaciones a los derechos humanos de este Gobierno hacia sus jubilados se encuentra a estudio en la OEA.
La Cámara Federal rechazó tener por "querellantes" a dos jubilados que hace un año denunciaron penalmente a las autoridades de la Anses por el presunto delito de "malversación de caudales públicos" por haber utilizado "dinero de los jubilados para el programa Fútbol para Todos, Automovilismo para Todos, la compra de computadoras o subsidios para la niñez".
La Sala Primera del tribunal desestimó un planteo formulado por los representantes del Movimiento Nacional de Jubilados, Rubén Gioaninni y Carlos Rodríguez, patrocinados por el abogado Fabián Bergenfeld. La denuncia, que tramita ante el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi, acusa al ex titular de la Anses, el hoy vicepresidente Amado Boudou, y al actual, Diego Bossio, por haber entregado fondos del organismo, en su calidad de directores, para fines diferentes que los haberes de la clase pasiva. Ello, argumentan, "viola flagrantemente lo establecido por la ley sancionada en 2008 para estatizar los fondos, que establece que la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino".
Bergenfeld dice: "Recurriremos ante la Cámara de Casación, y después a la Corte; mientras las violaciones a los derechos humanos de este gobierno hacia sus jubilados se encuentra a estudio en la OEA".
Según la demanda, Boudou y Bossio son "responsables del desvío o sustracción de los recursos destinados al pago de los beneficios correspondientes al sistema integral previsional que administra el organismo". Los denunciantes se presentaron como "querellantes", lo que los faculta para compulsar el expediente, proponer medidas de investigación y controlar la marcha de la causa, pero fueron rechazados -al menos por ahora- en un fallo ratificado por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Los jueces entendieron que la acción judicial está "dirigida a determinar si ha existido o existe una ilegítima utilización de los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social, los cuales estarían siendo utilizados para finalidades ajenas a las previstas por ley, perjudicándose así a los beneficiarios del sistema previsional que ven mermados sus derechos de cobro pese a las leyes y sentencias dictadas en su favor por las autoridades respectivas". Pero advirtieron que "no se observa la afectación de modo especial y directo que se exige" en el caso de los denunciantes, pues "no han acreditado hasta el momento que a su respecto se verifique ese plus exigido para constituirse en parte, como sería el caso en que acrediten que se encuentra en curso un reclamo judicial o administrativo vinculado a sus haberes". "Los derechos enarbolados por los recurrentes se encuentran por el momento debidamente resguardados con la intervención en el proceso del representante del Ministerio Público Fiscal", subrayaron, al rechazar el rol de querellantes. Fuente: La Prensa
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