"Intimamos a la señora
Presidenta a que se abstenga de continuar avasallando derechos de raigambre
constitucional. Ello bajo apercibimiento de denunciar al Poder Ejecutivo
Nacional y a los funcionarios que incurran en ese accionar antijurídico ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos", sostiene la misiva.
"Independientemente de que
tales actos lesivos puedan también resultar materia de enjuiciamiento a través
de las vías que prevé nuestra Carta Magna", añade la nota, firmada por el
apoderado de la fundación, el abogado Fabián Bergenfeld.
"Los ciudadanos debemos ser
permanentemente testigos de la controversial postura que esgrimen tanto la Presidenta como los
funcionarios que la acompañan en su afán por acallar las voces
disidentes", indica el texto.
Según la Fundación Bicentenario ,
la Presidenta
usó "espacios afrontados por el erario público" para "afectar el
derecho a la imagen o al honor de un abuelo, de un agente inmobiliario o de un
periodista".
Quiénes son. Según se describe a sí misma, la Fundación Bicentenario nació en 2003 "como respuesta a
los graves problemas nacionales" y con el objetivo de "fomentar, en
un marco democrático, la participación ciudadana en el debate de ideas y planes
de gobierno".
Apenas fundada, la organización se hizo conocida por su
ferviente oposición y mediáticos cuestionamientos a la postulación de Eugenio
Zaffaroni para la Corte
Suprema de Justicia. En octubre de 2003, LA NACION los entrevistó en su sede de Suipacha al 100, donde
ocupaban una oficina en el estudio jurídico de uno de los miembros de la
fundación.
En ese momento, la fundación decía no depender de ningún
partido político, pero la mayoría de sus simpatizantes estaba cerca del ala de
centroderecha del justicialismo y varias de sus autoridades habían encabezado
en los 80 la agrupación Unión para la Apertura Universitaria
(UPAU), integrada por la Ucedé
y el Partido Demócrata. Fuente: La Nación.