Denuncia a Kunkel en Inadi

FORMULA DENUNCIA

SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

         S             /                 D

                        SERGIO FABIÁN BERGENFELD, con domicilio real  en Rivadavia 1367, 3º”C” de esta ciudad, el que constituye a los efectos de esta denuncia, se presenta y  respetuosamente dice:

I -         Que como ciudadano argentino, y en especial como auxiliar de la Justicia a través del ejercicio de mi profesión de abogado,   vengo a denunciar al Diputado Carlos Kunkel  por la violación de la Ley Antidiscriminatoria Nº23592, en la que ha incurrido  a través de  sus dichos discriminatorios publicados en todos los medios de información masiva concernientes a la idoneidad del Dr. Carlos Fayt, que ha cuestionado no sólo invocando su edad sino además vinculaciones inexistentes.

Se solicita que juntamente con la sanción a aplicar, se prohiba al denunciado que realice de aquí en más manifestaciones a través de cualquier medio periodístico, de contenidos que resulten agraviantes y que encuadren en dicha ley.

II-              En el  día de ayer, martes 14 de octubre de

2014, el diputado Carlos Kunkel ha tomado activa participación en la campaña tendiente a crear una Corte Suprema de Justicia que resulte adicta al actual Gobierno.

Lo ha hecho sin siquiera respetar los tiempos lógicos, que deben mediar desde el sepelio del recientemente fallecido Ministro Enrique Petracchi,  emitiendo juicios de valor que además exceden las incumbencias del cargo de legislador que ostenta para involucrarse en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, del cual el Dr. Carlos Fayt es integrante como Ministro del máximo Tribunal.

Pero a esas faltas de respeto y de límites, se suma la que constituye el principal fundamento de esta denuncia: la discriminación al Dr. Fayt por razones de edad.

Porque la realidad, Sr. Director, es que  lo que el denunciado pretende es privar a los argentinos de la coherencia y sabiduría del más lúcido jurista argentino de las últimas décadas, justamente porque esos atributos tienen como correlato a su independencia de criterio al momento de impartir Justicia.

Y si hay algo de lo que el Diputado Kunkel no entiende, es de coherencia, sabiduría e independencia intelectual…

Cabe destacar entonces a algunas de las frases discriminatorias del denunciado:

“Alguien puede pensar que una persona a los 96 años, puede cumplir sus funciones laborales como juez de la Corte Suprema de Justicia? Es absurdo”

“Está ligado a los grupos de poder económico concentrado”.

“Se ha presentado numerosas veces como candidato a cargos electivos”.

Sr. Director: puedo responder a cada una de esas desafortunadas manifestaciones del Diputado Kunkel, afirmando en primer lugar que a través de sus fallos el Dr.Carlos Fayt sigue demostrando poder cumplir con sus funciones con absoluta idoneidad. Es más; su actividad es también comprensiva de la literaria, a través de su continuidad como escritor.

En cuanto a la absurda vinculación con “grupos de poder económico concentrado” que denuncia, debería nombrarlos en lugar de refugiarse en la hibrides de insinuaciones que, de hacer explícitas, provocarían la sorna de propios y extraños, entre los cuales puedo citar a todas aquellas personas vinculadas al Derecho y a la Justicia.

Por último, discriminar al Dr.Fayt porque alguna vez se halla presentado a una elección para un cargo electivo, sería como negarle al Diputado Kunkel que en el futuro pueda integrar algún otro poder de la Nación…

En suma:  la pobreza argumental que exhibe el Diputado Carlos Kunkel, no puede eximirlo de una sanción que debe resultar ejemplificadora, sentando un precedente que ponga límites a todos aquellos que por intereses políticos atentan contra la investidura de un integrante de otro poder de la Nación, que precisamente en este caso resulta ser el más lúcido de nuestra  historia más reciente.

III- Por lo expuesto, al Sr. Director solicito:

a)    Se tenga por formulada la presente denuncia, en legal tiempo y forma.

b)    Se me cite a ratificarla, de considerarse ello necesario.

c)     Se cite al denunciado para que pueda hacer uso del ejercicio de defensa.

d)    Oportunamente se lo condene al máximo de la pena prevista por el art. 3 de la ley 23592,  difundiéndose tal sanción a través de los medios pertinentes.

El garantismo K, cada vez más alejado de la realidad

En una muestra de incoherencia, que hace sentir a los ciudadanos que el dolor por las tragedias o la preocupación por la inseguridad son conscientemente ignorados, la Presidente abrió otra polémica al promover el Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Ello a pesar de que es elocuente el agravamiento de la situación, profundizada por las graves señales que exhibe el narcotráfico con asesinatos ejecutados por sicarios, o amenazas contra la vida del Gobernador, Ministros y Jueces de la provincia más afectada, provenientes de bandas que ajustan cuentas entre sí, en hechos vinculados no sólo con el aumento del tráfico y consumo de drogas sino también con su producción admitida por el Ministro de Defensa.

 Propician al avance de este flagelo la ausencia de radares, de control de fronteras, la inmigración irrestricta, el blanqueo de capitales oscuros, la pauperización de los salarios de nuestras fuerzas de seguridad que las tornan permeables, y ahora el proyecto de despenalización del consumo y de disminución de penas para quienes trafican. Ninguna de las advertencias provenientes de instituciones nacionales o extranjeras, logra torcer al criterio ‘garantista‘ que exhibe gran parte de los jueces penales designados en la última década, quienes eximen de prisión o excarcelan sin medir la peligrosidad de los delincuentes. Esa corriente ideológica colisiona cada vez más con la realidad, amenazando con perpetuarse a través de una reforma que torne más benévolo al Código Penal, amparada a su vez por una controvertida creencia: que el agravamiento de las penas no tiene efecto persuasivo sobre la voluntad de delinquir.

 Pues bien; aun si diéramos por válida a esa hipótesis, existirían dos beneficios que justificarían al agravamiento de las penas en lugar de la atenuación que surge de ese Anteproyecto, que posee como desatinos más descollantes a la eliminación de la Reincidencia y de la Prisión Perpetua. Porque ante la creciente inseguridad, la sociedad se vería beneficiada al apartar por más tiempo de su seno a quienes cometen delitos graves. A la vez, daría más espacio a quienes trabajen en la reinserción de los condenados, siempre que la gravedad de sus ilícitos no justifique la prisión perpetua, condena insoslayable para quien resulta irrecuperable.

 Deberían entonces nuestros legisladores reflexionar, porque el daño que podrían causar algunas reformas sería irreparable, al motivar que muchas defensas peticionen la aplicación de la ley más benigna, ante jueces que opten por ignorar a la declaración de inconstitucionalidad que debería dictar la Corte Suprema, basada en los postulados del Preámbulo de nuestra Constitución que exigen afianzar la Justicia y promover el bienestar general.

 Es imprescindible transformar al Código Penal, en una fuente de aplicación por parte de los magistrados acorde con la realidad, a lo cual debería sumarse una normativa que mejore al funcionamiento del Régimen Penitenciario, para que sus responsables contribuyan a la recuperación de los condenados y eviten sus fugas o los secuestros virtuales. Ello sumado a un accionar policial bien coordinado, retribuido y equipado, que cuente con herramientas no sólo tecnológicas sino también lógicas como reinstalar la prevención ante el acecho y merodeo.

 Hagamos entonces un llamado a la conciencia de legisladores, jueces y funcionarios, para que puedan sobreponerse a los efectos depredadores de esta ideología ‘garantista’, lo cualpermitirá imponer el respeto ala vida de los ciudadanos a través de una prevención responsable, y de condenas acordes con el resarcimiento que la Sociedad les debe a sus víctimas.

 Publicado en el Cronista por Fabián Bergenfeld, Abogado Fundación Bicentenario.

“LA JUSTICIA POR MANO PROPIA, ES INSTIGADA POR LA ACCION Y OMISION DEL ESTADO

Cuatro décadas después de que la sociedad transitara por el terror causado por dos bandos, cuyo enfrentamiento dio pié al golpe militar que desequilibró la lucha con prácticas también terroristas, debemos sincerar nuestra “memoria” y ser conscientes de nuestra situación actual.

 Porque esa realidad está cada vez más cercana al comienzo de los 70 pero tiene un impredecible final, que a juzgar por algunos linchamientos y reacciones que ocupan la escena, se encamina inexorablemente hacia una “Justicia por mano propia”, que es consecuencia de acciones y omisiones instigadoras también provenientes del Estado.

 Quienes crecimos durante esa década infame, padecimos el terror a los atentados, los secuestros y los enfrentamientos entre las facciones de derecha y de izquierda del mismo partido que hoy gobierna, y que propiciaron a esa versión autóctona de escuadrones de la muerte institucionalizados por la “Triple A”, y por la posterior represión ilegal del Estado que jamás imaginamos quienes ingenuamente, -la gran mayoría-, deseábamos silenciosamente a un derrocamiento para vivir en paz...

 Hoy, el miedo de la sociedad vuelve a estar motivado por el accionar delictivo enraizado en la misma ideología de aquel entonces, pero que tiene como protagonistas ya no a jóvenes digitados por mercenarios que invocaban a Marx o a Mao, sino por delincuentes comunes devenidos en tales por el hambre y la exclusión social, exacerbada por las políticas clientelares y garantistas que han desalentado la cultura del trabajo y del cumplimiento de la ley.

 Porque quienes fueron por entonces vilmente tomados por “idiotas útiles” o sus descendientes, instrumentan e instigan al odio y resentimiento de los que sin ideales ni esperanza, y sabedores de su cuasi-impunidad que se intenta amparar hasta con un Código Penal proyectado para un Cantón Suizo, han comenzado a torturar y a matar incluso a niños y ancianos, o a formar parte de bandas de narcotraficantes que, emulando a sus modelos latinos más nefastos, irán por el poder para aumentar su riqueza y garantizar su libertad.

 De ese modo, y al igual que 40 años atrás, un gobierno también liderado por una mujer que heredó el poder, y que exhibe capacidad y coherencia similares para ejercerlo y para elegir a su vice, a sus ministros y hasta al Jefe del Ejército, opta por darle la espalda a la situación social y política a sabiendas de que ya no la podrá controlar sin ir sobre sus pasos, limitándose a pedirle calma a las víctimas en lugar de darles las garantías que hasta ahora sólo les ha obsequiado a los delincuentes. 

Gracias a ello, y como en aquellos años infames, padecemos a una Justicia laxa que acepta sin vendas y con la balanza inclinada que las cárceles se hayan tornado permeables, logrando que nos torture el recuerdo de aquel efímero presidente que las abrió al asumir su “interinato”, y que sólo ha legado su apellido al también circunstancial movimiento que sabe de repartos, mas no de la justa distribución de derechos y obligaciones que la sociedad reclama…

 En ese escenario, en el que la escasa y mal retribuida Policía poco puede o quiere hacer, quedan atrapados como rehenes la mayoría de los argentinos, quienes van sumando a las rejas voluntarias tras las cuales habitan mecanismos de defensa personal cada vez más peligrosos, y voluntades dispuestas a unirse para reemplazar a un Estado instigador y ausente.”

 PUBLICADO EN EL DIARIO PERFIL DEL DOMINGO 20 DE ABRIL‏