En una muestra de incoherencia, que hace sentir a los ciudadanos que el dolor por las tragedias o la preocupación por la inseguridad son conscientemente ignorados, la Presidente abrió otra polémica al promover el Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Ello a pesar de que es elocuente el agravamiento de la situación, profundizada por las graves señales que exhibe el narcotráfico con asesinatos ejecutados por sicarios, o amenazas contra la vida del Gobernador, Ministros y Jueces de la provincia más afectada, provenientes de bandas que ajustan cuentas entre sí, en hechos vinculados no sólo con el aumento del tráfico y consumo de drogas sino también con su producción admitida por el Ministro de Defensa.
Propician al avance de este flagelo la ausencia de radares, de control de fronteras, la inmigración irrestricta, el blanqueo de capitales oscuros, la pauperización de los salarios de nuestras fuerzas de seguridad que las tornan permeables, y ahora el proyecto de despenalización del consumo y de disminución de penas para quienes trafican. Ninguna de las advertencias provenientes de instituciones nacionales o extranjeras, logra torcer al criterio ‘garantista‘ que exhibe gran parte de los jueces penales designados en la última década, quienes eximen de prisión o excarcelan sin medir la peligrosidad de los delincuentes. Esa corriente ideológica colisiona cada vez más con la realidad, amenazando con perpetuarse a través de una reforma que torne más benévolo al Código Penal, amparada a su vez por una controvertida creencia: que el agravamiento de las penas no tiene efecto persuasivo sobre la voluntad de delinquir.
Pues bien; aun si diéramos por válida a esa hipótesis, existirían dos beneficios que justificarían al agravamiento de las penas en lugar de la atenuación que surge de ese Anteproyecto, que posee como desatinos más descollantes a la eliminación de la Reincidencia y de la Prisión Perpetua. Porque ante la creciente inseguridad, la sociedad se vería beneficiada al apartar por más tiempo de su seno a quienes cometen delitos graves. A la vez, daría más espacio a quienes trabajen en la reinserción de los condenados, siempre que la gravedad de sus ilícitos no justifique la prisión perpetua, condena insoslayable para quien resulta irrecuperable.
Deberían entonces nuestros legisladores reflexionar, porque el daño que podrían causar algunas reformas sería irreparable, al motivar que muchas defensas peticionen la aplicación de la ley más benigna, ante jueces que opten por ignorar a la declaración de inconstitucionalidad que debería dictar la Corte Suprema, basada en los postulados del Preámbulo de nuestra Constitución que exigen afianzar la Justicia y promover el bienestar general.
Es imprescindible transformar al Código Penal, en una fuente de aplicación por parte de los magistrados acorde con la realidad, a lo cual debería sumarse una normativa que mejore al funcionamiento del Régimen Penitenciario, para que sus responsables contribuyan a la recuperación de los condenados y eviten sus fugas o los secuestros virtuales. Ello sumado a un accionar policial bien coordinado, retribuido y equipado, que cuente con herramientas no sólo tecnológicas sino también lógicas como reinstalar la prevención ante el acecho y merodeo.
Hagamos entonces un llamado a la conciencia de legisladores, jueces y funcionarios, para que puedan sobreponerse a los efectos depredadores de esta ideología ‘garantista’, lo cualpermitirá imponer el respeto ala vida de los ciudadanos a través de una prevención responsable, y de condenas acordes con el resarcimiento que la Sociedad les debe a sus víctimas.
Publicado en el Cronista por Fabián Bergenfeld, Abogado Fundación Bicentenario.
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