Los equipos necesitan cambios, Sr. Presidente.

Desde que comenzó a desarrollar roles en la función pública, Ud. siempre afirmó que contaba con un equipo. Es más: al asumir la presidencia, precalificó a su “team” como el mejor de los últimos 50 años.

 Ahora bien, si Juan Fer Quinteros no hubiera ingresado en la final de Madrid en reemplazo del capitán de River -y a mi criterio jugador más importante y ganador de su historia-, seguramente la historia habría sido otra.

 Cuesta comprender entonces, como ante la crisis económico-política que el país está atravesando, no se concreten al menos algunos cambios en cargos sensibles. Porque puede interpretarse como una imposición del FMI la continuidad de Nicolás Dujovne como Ministro de Hacienda, y la acefalía en el cargo de Ministro de Economía. Pero con la situación crítica que, como en gobiernos anteriores, lamentablemente vuelve a atravesar la Justicia, es incomprensible que Germán Garavano permanezca en el cargo.

 Dentro de ese contexto, la “confesión sincericida” de Laura Alonso de anoche supera todo lo imaginable. Es más, al escuchar desde otro ambiente de mi casa sus insólitas expresiones, corrí en búsqueda del televisor para corroborar que era ella la que las profería. Y si bien sus pasos en falso se remontan a momentos anteriores a su gobierno, -como por ejemplo con la invitación a Nisman al Congreso que ella y Patricia Bullrich le formularon imprudente e innecesariamente horas antes del magnicidio-, con su errónea designación al frente de la Oficina Anticorrupción se le ha dado la oportunidad de continuar trastabillando, como lo hizo anoche en modo que sólo puede ser parcialmente reparado con su apartamiento del cargo.

Derecho a la vida

El ataque de furia protagonizado por un taxista contra un automovilista, constituye un hecho que sobrepasa los límites de lo habitual por tratarse de un sujeto con sus facultades mentales alteradas. Pero no por eso puede resultar ajeno al ámbito de responsabilidad del Estado, ya que el otorgamiento del registro de conducir y de la licencia para circular con un taxímetro, deben estar condicionados al resultado de los tests psicológicos y a la existencia o no de antecedentes penales.

 Mi afirmación sobre el estado de demencia del taxista, proviene de que fui víctima de un hecho similar protagonizado por el mismo sujeto el día 13/2/2019, alrededor de las 21hs., mientras circulaba tranquilamente por Av.Costanera rumbo a un festejo de cumpleaños en un restaurante. El mismo personaje, comenzó a arrojar el taxímetro contra mi automóvil argumentando falsamente que yo “lo había arrojado contra un colectivo”. Al comprender que se trataba de un alienado, aceleré no obstante lo cual este demente logró rebasarme cruzando el taxímetro, - obligándome a detenerme-, para impedirme el paso, mientras los automovilistas que circulaban hacían sonar sus bocinas. Bajó entonces del automóvil con intenciones de atacar, sin que yo pudiera visualizar si portaba o no armas, ante lo cual logré arrancar raudamente esquivando al taxista y a su vehículo atravesado en la Av.Costanera.

 Inmediatamente me comuniqué con el 911 e informé lo sucedido, pero sin poder proporcionar la patente por lo cual opté por no realizar una denuncia que, a la luz de lo ocurrido hace pocos días y que sorprende a la opinión pública, la realizaré en el día de hoy. Debo admitir que, de haber contado con un arma, al menos en modo persuasivo la habría utilizado lo cual me lleva a la conclusión de que, a la luz del estado de violencia en el que se encuentra inmersa la sociedad, y la falta de controles suficientes por parte del Estado a pesar de que ha tomado conciencia de que la inseguridad no es una “sensación “, -conforme postulado del gobierno anterior-, debemos los ciudadanos recurrir en modo consciente a herramientas para nuestra legítima defensa, ante hechos vandálicos protagonizados en la vía pública por toda clase de sujetos.

 Además, cabe reflexionar sobre la necesidad de ampliar los alcances del instituto de la legítima defensa y de la causa de justificación que impone el estado de emoción violenta, ya que los ciudadanos nos encontramos expuestos permanentemente a hechos sorprendentes que atentan contra el derecho a la vida.

Del Operativo Sol a la oscura estafa a millones de automovilistas

Recuerdo cuando a fines de la década del ´60, mi padre advirtió que en la Ruta 2, camino a Mar del Plata, un radar debía haber detectado que violó el máximo de velocidad que por entonces no superaba los 80 km por hora, anticipándonos que seríamos demorados hasta que se labrara un acta de infracción en el próximo destacamento policial. Y ello efectivamente ocurrió.

 Medio siglo más tarde, con todas las herramientas tecnológicas a disposición, los radares se han transformado en sofisticadas máquinas de fotos encargadas de medir los excesos de velocidad, con el único objetivo de que el Municipio al que corresponde el tramo de la ruta en el que nos excedemos en 2 ó 3 km del límite, “facturen” con multas insólitas y, para muchos, impagables.

 Para evitarlas, estamos pendientes de que aparezcan en nuestra visión carteles pequeños y vetustos que nos obligan, en muchos tramos del camino, casi a clavar los frenos para bajar la velocidad de 90 a 60 km, mientras las 4×4 y los automóviles de altísima gama nos rebasan al doble de velocidad por izquierda o derecha, obligándonos a extremar nuestros recaudos ante imprudencias ajenas que seguramente en casi todos los casos quedan impunes.

 Porque lejos de ser detenidos, como antaño sucedía, en los puestos policiales se observa a los agentes inertes, conversando y hasta durmiendo, ya que el mensaje del Estado provincial y municipal es evidentemente claro, permitiendo violar en forma flagrante los límites de velocidad para poder facturarles las multas, que en muchos casos no pagarán jamás gracias a algún funcionario “amigo”.

 Entre quienes padecemos injustamente la persecución de esos “radares mercantiles”, se encuentra un ciudadano que se ha tomado el trabajo de plantear un amparo en la provincia de Misiones, motivando que un Juez Federal esta semana haya dictado un fallo ejemplar que declara inconstitucionales a las “fotomultas”, obligando, como muchas décadas atrás, a que la policía detenga al infractor y labre el acta de infracción, permitiendo que el automovilista pueda ejercer su derecho de defensa.

 Pero además ese fallo, que deberá reproducirse ante los amparos que comenzaremos a promover en todas las jurisdicciones del país, redundará en beneficio de la seguridad de todos al castigar a los imprudentes que ponen en riesgo sus vidas y las ajenas, al obligar a los agentes a detenerlos.