Intimación a la Presidente

La Fundación Bicentenario por la Transparencia y Control de las Políticas Públicas intimó a la presidenta Cristina Kirchner a que cese en el "uso reiterado" de la cadena nacional de radio y televisión.

"Intimamos a la señora Presidenta a que se abstenga de continuar avasallando derechos de raigambre constitucional. Ello bajo apercibimiento de denunciar al Poder Ejecutivo Nacional y a los funcionarios que incurran en ese accionar antijurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", sostiene la misiva.

"Independientemente de que tales actos lesivos puedan también resultar materia de enjuiciamiento a través de las vías que prevé nuestra Carta Magna", añade la nota, firmada por el apoderado de la fundación, el abogado Fabián Bergenfeld.

"Los ciudadanos debemos ser permanentemente testigos de la controversial postura que esgrimen tanto la Presidenta como los funcionarios que la acompañan en su afán por acallar las voces disidentes", indica el texto.

Según la Fundación Bicentenario, la Presidenta usó "espacios afrontados por el erario público" para "afectar el derecho a la imagen o al honor de un abuelo, de un agente inmobiliario o de un periodista".

Quiénes son. Según se describe a sí misma, la Fundación Bicentenario nació en 2003 "como respuesta a los graves problemas nacionales" y con el objetivo de "fomentar, en un marco democrático, la participación ciudadana en el debate de ideas y planes de gobierno".

Apenas fundada, la organización se hizo conocida por su ferviente oposición y mediáticos cuestionamientos a la postulación de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema de Justicia. En octubre de 2003, LA NACION los entrevistó en su sede de Suipacha al 100, donde ocupaban una oficina en el estudio jurídico de uno de los miembros de la fundación.

En ese momento, la fundación decía no depender de ningún partido político, pero la mayoría de sus simpatizantes estaba cerca del ala de centroderecha del justicialismo y varias de sus autoridades habían encabezado en los 80 la agrupación Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), integrada por la Ucedé y el Partido Demócrata.  Fuente: La Nación.

Dolar: ¿Que hacer?

Un acuerdo de separación de bienes conyugales, la venta de una propiedad que ya se entregó, viajes de negocios, la jubilación retroactiva, un campo por el que se había pagado sólo una parte y hasta un fideicomiso de pronto pesificado. Detrás de la decisión oficial de impedir la compra de dólares en el sistema legal, hay rostros, historias, víctimas que pocos observan. El cepo partió al medio sueños, contratos y cientos y miles de historias que poco a poco están empezando a hacerse visibles. 

¿Se puede romper el bloqueo al dolar? ¿Conviene intentar un “esfuerzo compartido” entre particulares? ¿Es el comienzo de un conflicto que será imparable? ¿La Justicia arreglará el embrollo? Clarín indagó en algunos casos, los primeros, que sirven de ejemplo sobre lo que está ocurriendo debajo de los grandes anuncios y cómo intentan, algunas personas, encontrarle solución. Sus características sirven como pruebas piloto del recorrido que muchos otros probablemente transiten.

Los abogados que tratan estos casos recomiendan tres opciones para intentar “desbloquear” el bloqueo. La primera sería el acuerdo entre las partes y reconoce una “derrota”: si hay un préstamo en dólares a saldar entre dos privados, se puede resolver utilizando como cambio un dólar a mitad de precio entre el oficial y el paralelo. “Esa salida es útil para los acuerdos de buena fe, siempre y cuando no sea mucha plata y se la pueda aguantar. Si no, hay que ir a la Justicia y reclamar para que sea el Estado el que pague las consecuencias de sus medidas”, explica Fabián Bergenfeld, quien ya tiene en su oficina una decena de casos de distinta magnitud. Para ir a la Justicia hay dos caminos posibles, uno a través de amparos (reclamos de fondo) y otro vía medidas cautelares, que requieren urgencia y han tenido, hasta ahora, menos efectividad. 

Por el dolar "se puede pedir un amparo"

Fabian Bergenfeld explicó que la Constitución Nacional permite utilizar ese recurso y consideró que se podría reclamar al Estado por los daños y perjuicios sufridos con los afectados. Se mostró preocupado porque a dicho rubro "lo vamos a tener que pagar todos"

El abogado Fabian Bergenfeld aseguró este miércoles que los afectados por el cepo a la venta de dólares pueden pedir un amparo. 

"El artículo 43 de la Constitución Nacional (CN) prevé que ante cualquier avasallamiento de derechos que se haga como consecuencia de un acto de una autoridad pública, un particular puede presentarse ante el fuero contencioso administrativo", agregó.
En este caso, se trató de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyo control involucra también al Banco Central (BCRA) y al Ministerio de Economía.
Respecto de la situación inmobiliaria, el especialista comentó que se pueden dar varias situaciones.
"La mas típica se da cuando una persona pide una hipoteca por saldo de precio, en el boleto de compraventa que firma surge que la persona tiene los dólares necesarios para cancelarla, ycuando le dan el crédito hipotecario en pesos, no puede comprar los dólares", indicó Bergenfeld.
 Esto significa que el afectado "puede quedar en la calle porque no puede cancelar el préstamo y la seña que entregó puede llegar a quedar en manos del vendedor", dijo el abogado a Radio 10.

En este aspecto, el abogado indicó que "se genera una controversia entre las partes porque anticipadamente el deudor dijo que contaba con los dólares. Esto funciona así en la práctica".

"También puede haber conflictos entre particulares en la Justicia. Esto lo está generando el Estado con esta clase de medidas", señaló.
En el sector inmobiliario y en los que quieran viajar (ya sea por salud o turismo) se pueden estar afectando derechos adquiridos, por ejemplo, si se compró un paquete y ahora no se puede obtener los dólares, consideró.
Para Berfenfeld, esto no implica que no se pueda salir del país pero indirectamente se está generando una restricción.
"Coincido con el presidente de la Corte Suprema, Ricado Lorenzetti, en que el particular puede solicitar un amparo, pero a la larga se van a presentar acciones de daños y perjuicios contra el Estado y lo vamos a terminar pagando todos", agregó.
"La Justicia se va a hacer eco de los amparos. En determinados fueros, como el correccional y criminal federal el brazo de la Justicia está bastante restringido por la influencia del poder político. En el fuero contencioso administrativo no ocurre lo mismo, en donde se ha litigado con bastante éxito con el tema del corralito y otras cuestiones", remarcó Bergenfeld.
En este tema, ya se plantearon distintos amparos por diversas situaciones y para el experto, con las nuevas restricciones, se van a multiplicar.
"Difícilmente hagan lugar a la medida cautelar que se plantea con el amparo (como en el corralito, que se pretendía que se devuelvan anticipadamente los depósitos) porque los jueces consideran que si hacen lugar a un embargo o a una orden contra la AFIP, se resuelva la cuestión de fondo", agregó.
El resultado final va a ser el que está anticipando el presidente de la Corte (el respeto a los derechos de cumplir los contratos, acceder a la vivienda y transitar libremente sin restricciones). Esta anomia en la que vivimos sumergidos es la que genera este tipo de situaciones, finalizó.  Fuente: Legales

Jubilados denuncian al Gobierno

Un grupo de jubilados denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Argentina (CIDH) no está cumpliendo con un acuerdo celebrado en 2009 por el cual el Estado nacional se habría comprometido a desistir de recursos y apelaciones en los juicios por reajustes previsionales.

Según explicó el abogado de los jubilados, Fabián Bergenfeld, "el acuerdo había sido firmado el 4 de noviembre de 2009 en el marco del caso Menéndez y Caride, Petición 11.670 del Registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Por ese convenio, el Estado argentino quedaba obligado "a desistir de los recursos planteados y a no presentar nuevas apelaciones ni recursos ante la Corte Suprema, garantizando la ejecución de las sentencias dictadas en favor de jubilados en el fuero de la Seguridad Social, sin más dilaciones".

El acuerdo fue firmado, según Bergenfeld, por representantes de los jubilados y sus sucesores, "y en representación del Estado Argentino por el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, el Director de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, el Asesor de Gabinete de la Cancillería Argentina, y la Gerente de Coordinación y Control del Anses". "Pero nada de ello fue cumplido, agravándose la situación al perseguirse mediante recusaciones y denuncias a los jueces independientes que actuaban con celeridad, lo cual ha provocado que desde entonces las causas en trámite en el fuero de la Seguridad Social se cuadriplicaran (de 128.650 a 487.560)". Bergenfeld anunció mayores precisiones sobre el tenor de la denuncia para el próximo miércoles a las 15.30 en un acto que tendrá lugar en la sede del sindicato Uatre, Independencia 3058, de esta Capital. Fuente:DyN