La denuncia ampliatoria de los jubilados a la ANSES llegó hoy a la Organización de Estados Americanos. Las leyes de la reforma judicial ya esta en manos de la Comision Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.
Aseguran que, con la nueva legislación sobre medidas cautelares y con la creación de las nuevas cámaras de casación, las causas contra el Estado "se eternizarán en perjuicio de la clase pasiva". Un grupo de jubilados denunciaron al Gobierno argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por las leyes de reforma judicial que limitan las medidas cautelares y que crean las cámaras de casación como una instancia más, por lo que las causas "se eternizarán en perjuicio de la clase pasiva".
Se trata, en rigor, de una "ampliación de denuncia" sobre la base de un expediente que ya está en trámite y fue realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. "Al promulgarse las leyes que restringen las medidas cautelares, y crean la instancia de Casación para dilatar eternamente sus juicios, los jubilados argentinos amplían la denuncia", dice la presentación. El escrito está firmado por el abogado Fabián Bergenfeld "en representación de los jubilados argentinos que en la actualidad luchan en el ámbito judicial por obtener el reconocimiento de sus derechos".
Según la presentación, los jubilados "forman parte de un universo de aproximadamente cuatro millones de personas que constituyen la mayor parte de la clase pasiva argentina y que se hallan por debajo de la línea de pobreza, tras haber aportado al Sistema Previsional Argentino durante toda su vida laboral activa". La denuncia recuerda que el 4 de noviembre de 2009 el Estado argentino firmó el "Acuerdo de solución amistosa" en el caso "Menéndez y Caride", por el cual se comprometió "a adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones y normativas dictadas con motivo de este proceso".
La "solución amistosa apuntaba a restituir a todos los jubilados argentinos actuales y futuros sus derechos a la seguridad social y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna", y para ello "se estableció que tales medidas, que debían efectivizarse a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), comprenderían la obligación de que todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin nuevas limitaciones".
El Estado, según la denuncia, debía además "instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme. No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido".
Además, prometía "desistir, dentro de los 60 días corridos de la firma del acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares". Los denunciantes advirtieron que "fue total el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino", por lo que el 13 de abril del año pasado 82 jubilados argentinos impulsaron un expediente por "la violación y total incumplimiento" del acuerdo de solución amistosa. Ahora, con la sanción de la ley que modifica el régimen de cautelares y la creación de una Cámara de Casación para el fuero previsional, "las causas se eternizarán afectando las normas del debido proceso" en perjuicio de la clase pasiva, dice la presentación. Fuente: Minutouno.com
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