Los directivos de Fundación Bicentenario, plantearon una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad y pedido de Per Saltum contra las Leyes que subordinan al Poder Judicial.
Actuando como defensores del estamento de abogados que integra al Consejo de la Magistratura, los abogados que encabezan a la ONG Fundación Bicentenario por el Control y Transparencia de las Políticas Públicas, han planteado una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad al ver cercenados los derechos de ser electos por el voto de sus pares. En una minuciosa presentación expresan entre otros planteos que se verían obligados a presentarse en elecciones populares, integrando alguno de los tres partidos mayoritarios que cuenten con reconocimiento en 18 jurisdicciones, integrando listas con quienes poco pueden saber de las calidades de los jueces para poder elegirlos o removerlos.
Tal sometimiento, lejos de quedar en manos de la “voluntad popular” implica atacar a la Justicia y a sus auxiliares, poniendo en manos de personas que estarán digitadas por el Poder Político a una herramienta de presión sobre los magistrados, lo cual, lejos de “democratizar” a la Justicia, importa retrotraerla a etapas ancestrales en las que el monarca o dictador concentraban la suma del poder público, flagelo que en nuestro país recién logró superarse hace menos de 30 años.
La presentación incluye el planteo de inconstitucionalidad de la ley que restringe las Medidas Cautelares, instituto que garantiza la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos ante los avasallamientos por parte del Estado. La accion quedó radicada en el juzgado contensioso administrativo 12 a cargo del juez Guillermo Rossi.
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