OEA: VEEDORES PARA LAS ELECCIONES.

RES.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

1889 F. Street, N.W. - Washington D.C. 20006 USA

SR. SECRETARIO EJECUTIVO

FORMULAN  DENUNCIA – SOLICITAN URGENTE MEDIDA CAUTELAR

I-PERSONAS QUE PRESENTAN LA PETICIÓN:   Miembros de la  Confederación Ciudadana que se nombran a continuación, que habitan varios estados provinciales  de la República Argentina, y que pretenden evitar un fraude electoral en las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el día 11/8/2013.

Identificación de los denunciantes: Juan Carlos Blumberg, Jorge Fernández Taboada, Darío Adolfo Báez, Oscar Báez, Ernesto Castellote, Liliana Mosca, Débora Farrell, Eleonora Nazar, M. A. Ricciardelli, Ezequiel Fraga, Ricardo Pareja, José Luis Marincovich, Horacio Vázquez, Arnaldo Bresciani, Nora Ginzburg, M. A. R. Miguens, Gabriel Geremia, Héctor Mamberto, Teresa Anchorena, Guillermo Parise, Alejandro Demares,  Paula Allub, Estela Rumi, Sergio Fabián Bergenfeld.   

Representante legal: Dr. Sergio Fabián Bergenfeld, matrícula profesional C.S. Tº27, Fº335,

Información de contacto: fabianbergenfeld@ejbergenfeld.com.ar  fabianbergenfeld@ciudad.com.ar

Dirección Postal: Rivadavia 1367 – 3º “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina

Teléfono: 054114383-5606/4072

II-ESTADO MIEMBRO DE LA OEA RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS: REPÚBLICA ARGENTINA

III-HECHO O SITUACIÓN DENUNCIADA:

La República Argentina, está gobernada desde hace 10 años por un gobierno al que se puede denominar como “populista”, -encabezado durante los cuatro primeros años por el extinto Néstor Kirchner, y de allí en más por la actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner-, que hace del discurso demagógico un instrumento para captar voluntades en su búsqueda fanática por construir poder, a través del engaño y del clientelismo político.

Con esa intención, no escatima recursos echando mano de todo aquello que obtiene en forma lícita o ilícita, sea a través de una presión impositiva abrumadora amparada por la legislación vigente, de confiscaciones  sobre el patrimonio de los productores agropecuarios o de los jubilados, de la corrupción largamente denunciada en la contratación de obra pública,  o a través de préstamos espurios  obtenidos clandestinamente de Venezuela, -país cuyo “modelo” pretende ser copiado hasta límites difíciles de imaginar-, entre otros medios.

Y justamente con ese afán, es que pretende actualmente perpetuarse en el poder mediante una reforma constitucional que permita una nueva reelección de la actual presidente, para lo cual necesita contar con el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores nacionales en las próximas elecciones, alternativa que, en consideración al gran deterioro que la gestión de gobierno evidencia,  sólo podrá lograr a través de la instrumentación del fraude.

Sabido es que existen muchos métodos para incurrir en tan deleznable práctica. Pero los que sí pueden generar modificaciones sustanciales en los resultados de los comicios, son aquellos derivados del  avance de la tecnología. En efecto; en las recientes elecciones celebradas justamente en Venezuela, se produjo el último y quizás más grave de la larga serie de escándalos por fraude electoral acaecido en estas latitudes. Allí se proclamó ganador por algo más del uno por ciento a Nicolás Maduro, siendo que tanto las encuestas como el “boca de urna” arrojaban una ventaja de más del diez por ciento a favor del candidato opositor al Gobierno, Enrique Capriles. Fue ante el derramamiento de sangre que se produjo en el hermano país, a raíz de la reacción popular ante semejante escándalo, que Capriles desistió de exigir el justificado recuento de votos…

Poco tiempo atrás, ya se había tendido un manto de sospecha respecto del  triunfo sobre el propio Capriles de Hugo Chávez, lo cual también provocó una ola de denuncias de fraude.

Gran parte de esas denuncias  convergieron en Indra, empresa que estaba a cargo del escrutinio. El ex gobernador de Mérida, William Dávila, anunció que demandaría a Indra por el supuesto fraude. Estas acusaciones se sumaron a las ya presentadas por el también ex gobernador democristiano Omar Calderón. Dávila afirmó tener pruebas que “demuestran que las actas originales de votación son incompatibles e inconsistentes con las informaciones numéricas que Indra presentó en el compact disk (CD) avalado por el Consejo Nacional Electoral”.
 

El primer escándalo desatado por la actuación de Indra, se había producido  después de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 17 de octubre del 2004. Desde Panamá, donde está asilado hace ocho años, el ex presidente de la República y líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Abdalá Bucaram, acusó de fraude electoral a Indra, contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para efectuar la transmisión rápida de resultados. 

Siguiendo con la serie de fraudes en  Latinoamérica, en mayo del año pasado Nacion.com, uno de los principales medios de Costa Rica, denunció en varios artículos que el Poder Judicial de ese país contrató a INDRA en una licitación con un único oferente, para una consultoría del sistema informático y el rediseño de procesos, por un valor de $1,8 millones 

Además del  incumplimiento en los tiempos de entrega, el trabajo de Indra sufrió rechazos por parte de la Defensa Pública, contraparte local encargada de la fiscalización del  contrato.
 

La vinculación INDRA-corrupción irrumpió en el escenario de nuestro país, cuando el ex Secretario Ricardo Jaime quedó imputado por enriquecimiento ilícito. La “politicaonline” lo explica así: “El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime le ofreció en 2005 una variedad de negocios a la empresa española Indra, la firma que desde 1997 realiza los escrutinios en todas las elecciones nacionales y que también figura en una lista de aportantes a la campaña kirchnerista. De acuerdo al diario La Nación, las tratativas de Indra con el lobista y asesor de Jaime, Manuel Vázquez, y su socio en España, Miguel Ángel Lorente, abarcaron múltiples negocios durante el kirchnerismo, los que señalaron que podían acomodarse a los gustos de la empresa o, también, crearse desde cero, como detalló el propio Vázquez.
 
“Si no existe el producto, tal vez hasta es posible desarrollarlo”, le clarificó a Lorente para que pujara en esta capital. “Cosas que se me ocurre que pueden ser vendibles: sistemas de ticketing para las diferentes líneas de FFCC [por ferrocarriles] y un control centralizado para el Gobierno. O algo parecido para todas las líneas de colectivo y buses”, enumeró. Ello fue escrito en mayo de 2005, cuando aún faltaban cuatro años para que la presidente Cristina Kirchner anunciara el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), en el que Indra terminó por ganar una licitación como parte de una UTE.
 
El SUBE no fue el único proyecto que les propusieron Vázquez y Lorente a los ejecutivos de Indra. También discutieron, entre otros, el Belgrano Cargas, y un sistema para el control de las emisiones de radio y televisión para el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), según detallaron en los correos electrónicos cuya veracidad confirmó Lorente.
 
De un lado y del otro del Atlántico, la premisa era ampliar y diversificar los negocios. Así, en otro correo electrónico en el que Vázquez le detalla a Lorente los “gastos políticos” para cobrar por el negocio ferroviario, le aclaró que contaban con “una gran oportunidad con este gobierno y no sólo en el área de Transporte”, es decir, de Jaime.
  
Tres años antes, el 26 de septiembre del 2007, el periódico Perfil puso en evidencia la trama entre el gobierno nacional e INDRA, del siguiente modo: “La contratación de los servicios de INDRA SISTEMAS S.A. que impulsó el Ministerio de Interior a cargo de Aníbal Fernández, le costará al Estado nacional $38.612.000,00.

La adjudicación de la licitación pública 18/07 contó curiosamente con el visto bueno de la Sindicatura General de la Nación a los precios indicativos o testigos. Ese mismo organismo estatal de control fue el que detectó en 2004 que INDRA cometió “irregularidades” en los comicios que llevaron a Néstor Kirchner a la Presidencia. Entre otras cosas, dictaminó que “se han constatado inconsistencias en la carga de datos”.Además de las observaciones de la SIGEN a elecciones pasadas, se suman las objeciones de la Oficina Anticorrupción en 2005, ante la presunción de que los pliegos estaban hechos a su medida, y una denuncia judicial contra la cartera de Fernández por el pago de sobreprecios por 5 millones de pesos en 2003. 

A pesar de las sospechas que pesan en su contra,  Indra monopoliza el  escrutinio de  los  comicios  desde 1997 y lo seguirá haciendo en las próximas elecciones, ya que consiguió una cotización muy alta para sus servicios.

Las mayorías obtenidas en las elecciones argentinas, especialmente el último 54%, se lograron utilizando métodos respecto de los cuales hay sobradas evidencias de adulteración de telegramas. Además, es Indra quien transporta las urnas con los votos, y también la misma que provee de sellos y fajas, por lo que el oficialismo las puede manejar el contenido de cada urna a su absoluto arbitrio.

Más aún; siendo que la presidente ha provocado recientemente un nuevo escándalo al intentar promover el pliego del Jefe del Ejército César Milani, gravemente sospechado de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, es de presumir que uno de los motivos de su iniciativa haya sido el control del transporte de las urnas, que le corresponde llevar a Indra pero bajo la custodia del Ejército…

En suma: se cierne sobre nuestra Nación un grave riesgo, ya que el intento del actual gobierno de  perpetuarse en el poder colisiona con la voluntad popular mayoritaria que, de ser avasallada con un fraude electoral, podría generar reacciones inesperadas que superen inclusive a las de Venezuela,  país cuyo modelo es liderado por un gobierno que no ha sido legitimado en las urnas, y que en nuestro país parece querer emularse...

IV-_ DERECHOS HUMANOS VIOLADOS (conforme a aquellos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica)

a) Derechos Políticos, Sociales y Económicos (Protocolo Adicional de San Salvador del año 1988, ratificado por Argentina y puesto en vigencia en el año 1998).

b) Garantías judiciales en los estados de emergencia (arts.27.2, 25 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica (ver opinión consultiva OC –9/87).

V -SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR:

Visita “in loco” por parte de Veedores designados por esa Honorable Comisión, a efectos de que fiscalicen con la colaboración de todos los sectores de la oposición al gobierno y ONGs, la regularidad del acto electoral del próximo día 11 de agosto y del escrutinio.

VI-PETITORIO: Por todo lo expuesto solicitamos a esa Convención:

a) Se tenga por presentados a los denunciantes y a su representante legal.

b) Se haga lugar al urgente  pedido, de que se efectúe una “visita in loco” a la Argentina por parte de Veedores designados por esa Comisión, para que procedan a controlar la regularidad de los comicios a celebrarse en nuestro país el próximo día 11 del cte. mes, ante la posibilidad concreta de que se consume un fraude electoral de gran magnitud, que distorsione los resultados del acto eleccionario, y que motive la reacción violenta de gran parte de la ciudadanía.

c) Oportunamente emita la Comisión un informe consultivo  a ser publicado por los medios oficiales de la OEA, conforme lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y remita posteriormente sin dilaciones las actuaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que proceda a aplicar las sanciones  al Estado Argentino que correspondan.