Resulta indispensable avanzar en la búsqueda de una real “modernización” de la Justicia, ya que a través de las tres leyes sancionadas e impugnadas poco tiempo atrás sólo se ha intentado subordinar al Poder Judicial, cercenar la facultad de los ciudadanos de limitar los avasallamientos a sus derechos y dilatar los procesos con una cuarta y sobreabundante instancia. Tal engaño, frustrado por el control que ejercen los jueces, no ha estado ni siquiera disimulado por iniciativas posteriores que respondieran a las necesidades que diariamente se reclaman.
El mal llamado “garantismo”, se ha convertido en un anacrónico flagelo representado por la actitud laxa de buena parte de los magistrados penales, que excarcelan o eximen de prisión a delincuentes peligrosos en desmedro de la vida de todos.
Una iniciativa acorde a estos tiempos sería la de ampliar los requisitos para liberar a quienes matan rara vez por hambre y casi siempre por los efectos de la droga. Y también la de responsabilizar a los jueces que negligentemente liberan bajo los efectos de esa “doctrina garanticida” que poco tiene que ver con los tiempos que nos tocan vivir.
El verdadero “aggiornamiento” judicial debiera transitar por los carriles de la cotidianeidad y por los que marca la Constitución, con la creación estudiada del Juicio por Jurados, compuestos por ciudadanos de reconocida probidad. Se debe impulsar un registro del ADN de todo aquel que delinque, lo cual permitiría imponer algún límite mayor a la sensación de impunidad de la que gozan los victimarios y sumar herramientas para investigar delitos graves.
Párrafo aparte merece el análisis de la estructura de la Justicia Penal, que requiere de cinco instancias para arribar a una sentencia definitiva,interviniendo 22 funcionarios por cuyas manos pasan causas que casi siempre terminan prescribiendo, con culpables muchas veces libres o inocentes injustamente detenidos durante los procesos.
Bastaría contar con sentido común para volver a centralizar en los Jueces de Instrucción la elaboración del sumario, en lugar de delegarla en los fiscales. Y se debe limitar el número de integrantes de las cámaras de apelación y aumentar el número de tribunales orales, para llegar pronto al debate y la sentencia. La última instancia debe ser la Cámara de Casación, eximiéndose a la Corte de esa tarea.
Existen muchas iniciativas que pueden permitir recuperar la confianza en las instituciones y la seguridad jurídica. No enderezar el rumbo adoptado por nuestros gobernantes sería continuar con una cadena de complicidades destinadas a garantizarles la impunidad, en colisión con el clamor social ante su progresiva decadencia. Este es nuestro desafío como ciudadanos, especialistas y dirigentes comprometidos con la Argentina del futuro.
Nota publicada en diario Clarin
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