martes, 30 de abril de 2013

UCR DENUNCIA AL GOBIERNO ANTE LA CIDH


Acompañando la lucha de millares de jubilados y pensionados que ven limitados su derecho a la actualización de los haberes, los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz han adherido a la denuncia contra la República Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentada oportunamente por la Fundación Bicentenario.

 Los legisladores, en un escrito de varias páginas remitido al secretario ejecutivo del organismo dependiente de la OEA expresaron que en Argentina “lisa y llanamente se priva a los jubilados, con un plazo ajeno a la realidad del reclamo planteado y por lo tanto irrazonable, del derecho a la tutela judicial efectiva. Con ello se suspenden las garantías reconocidas por la CIDH, en interpretación del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales para los adultos mayores, eliminando la protección del proyecto de vida de los mismos”.

Además, denunciaron que “la ANSES tiene la obligación de tutelar el cumplimiento efectivo de cada uno de los derechos que establecen las leyes y el compromiso del Estado de no apelar las sentencias de primera y segunda instancias por reclamo de haberes. Sin embargo, el número de juicios, según datos oficiales, alcanza a 260.000” Finalmente, Morales y Sanz destacaron que “la desviación de fondos de la seguridad social, para sostener innumerables programas de gobierno, el mal manejo de políticas públicas, la afectación de la independencia del Poder Judicial, el incumplimiento de los acuerdos amistosos alcanzados en las instancias internacionales, la creación de nuevas dificultades procesales para impedir al jubilado en acceso a la administración de una justicia independiente, echa por tierra el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales frente a la arbitrariedad del Estado y sus organismos descentralizados”.

 “En estos tiempos difíciles que debe enfrentar la clase pasiva, esta demanda busca la tutela internacional de sus derechos ante un Estado que hace caso omiso a sus responsabilidades nacionales e internacionales”, remarcaron los radicales al suscribir, esta tarde, martes 30 de abril, la ampliación de la denuncia P -598-12, efectuada por la Fundación Bicentenario el 13 de abril del año pasado, ante la CIDH. El próximo jueves 2 de mayo, la ampliación con las adhesiones de los senadores UCR será presentada en la sede de Washington de la CIDH por el abogado representante de la Fundación Bicentenario, Fabián Bergenfeld.

Crece denuncia al ANSES en la OEA


Al promulgarse las leyes que restringen las Medidas Cautelares, y crean la instancia de Casación para dilatar eternamente sus juicios, los jubilados argentinos amplían la denuncia por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la adhesión de legisladores, sindicatos y ONGs.

Un grupo de jubilados había denunciado hace un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington que la Argentina no está cumpliendo con un acuerdo celebrado en 2009 por el cual el Estado nacional se habría comprometido a desistir de recursos y apelaciones en los juicios por reajustes previsionales.

Han adherido con su firma los Senadores Gerardo Morales, Ernesto Sanz, José Cano y Alfredo Martínez , el Diputado Mario Fiad, quienes a su vez representan a centros de jubilados del interior del país, además del Secretario Gral. de la UATRE, Gerónimo Venegas, Fundación Bicentenario, y otras ONGs y personalidades que se continúan sumando.

 El día 2 de Mayo a las 16 30 hs, en la sede de la calle Urquiza 836 de la Ciudad Autónoma de Bs.As., la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de Republica Argentina, realizará un acto en el que algunos de esos referentes informarán sobre dicha acción, y sobre las que se promoverán en la Justicia Argentina frente a las leyes destinadas a dominar al Poder Judicial, aniquilando los resabios de lo que fuera nuestra República.

martes, 16 de abril de 2013

Señores Senadores



BAJO EL RÓTULO DE “DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA”, SE PRETENDE CON LOS PROYECTOS DE MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, AGREGADO DE UNA NUEVA INSTANCIA JUDICIAL Y REFORMA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, QUITARLE INDEPENDENCIA Y EFICACIA EN SU FUNCIONAMIENTO AL PODER JUDICIAL , ATENTANDO CONTRA EL PRINCIPIO REPUBLICANO DE DIVISIÓN DE PODERES.
QUIENES PARTICIPAMOS EN LA BATALLA JUDICIAL  E INSTITUCIONAL QUE DERIVÓ DEL ACORRALAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN 2001, NO PODEMOS PERMANECER INERTES ANTE UN PROYECTO DE LEY QUE RESTRINGE EL USO DE UNA HERRAMIENTA QUE HA SALVADO MUCHAS VIDAS, COMO LO SON LAS MEDIDAS CAUTELARES.
PROYECTO DE REFORMA DE LAS MISMAS, IMPONE EN PRIMER LUGAR  UNA SUSTANCIACIÓN QUE INCLUYE UNA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO, QUE YA DE POR SI DEMORA EL OTORGAMIENTO DE LA CAUTELAR COLISIONANDO CON LA CELERIDAD QUE EL TEMOR FUNDADO EXIGE.

jueves, 11 de abril de 2013

Amparo límite

MIENTRAS EL CONGRESO SE OCUPE DE TRANSFORMAR EN LEY A LOS PROYECTOS DE “AUTOCRATIZACION DE LA JUSTICIA”, LA SOCIEDAD CIVIL TRABAJARÁ PORQUE LA PROPIA JUSTICIA DECLARE SU INCONSTITUCIONALIDAD.

 Fundación Bicentenario por el Control y Transparencia de las Políticas Públicas, promoverá acciones de amparo contra las futuras leyes de reforma al Consejo de la Magistratura y las que limiten los amparos y medidas cautelares, que colisionen con las normas contenidas en la Constitución Nacional. De ese modo, y tras agotarse las instancias judiciales previas, será finalmente la propia Corte Suprema de Justicia la que deberá poner un límite al cercenamiento de sus facultades y al avasallamiento de las instituciones republicanas, ante este avance final tendiente a imponer un sistema de gobierno aún más autocrático.

 Por último, los miembros de Fundación Bicentenario lamentan profundamente que tan reprobables proyectos legislativos, se promuevan cuando aún las víctimas de la reciente tragedia que han sobrevivido no encuentran respuestas ni buenos augurios, y mientras el luto por las víctimas mortales perdura en el espíritu de los argentinos más allá de los tres días de duelo dispuestos mediante un simple decreto.