Intimación a la Presidente

La Fundación Bicentenario por la Transparencia y Control de las Políticas Públicas intimó a la presidenta Cristina Kirchner a que cese en el "uso reiterado" de la cadena nacional de radio y televisión.

"Intimamos a la señora Presidenta a que se abstenga de continuar avasallando derechos de raigambre constitucional. Ello bajo apercibimiento de denunciar al Poder Ejecutivo Nacional y a los funcionarios que incurran en ese accionar antijurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", sostiene la misiva.

"Independientemente de que tales actos lesivos puedan también resultar materia de enjuiciamiento a través de las vías que prevé nuestra Carta Magna", añade la nota, firmada por el apoderado de la fundación, el abogado Fabián Bergenfeld.

"Los ciudadanos debemos ser permanentemente testigos de la controversial postura que esgrimen tanto la Presidenta como los funcionarios que la acompañan en su afán por acallar las voces disidentes", indica el texto.

Según la Fundación Bicentenario, la Presidenta usó "espacios afrontados por el erario público" para "afectar el derecho a la imagen o al honor de un abuelo, de un agente inmobiliario o de un periodista".

Quiénes son. Según se describe a sí misma, la Fundación Bicentenario nació en 2003 "como respuesta a los graves problemas nacionales" y con el objetivo de "fomentar, en un marco democrático, la participación ciudadana en el debate de ideas y planes de gobierno".

Apenas fundada, la organización se hizo conocida por su ferviente oposición y mediáticos cuestionamientos a la postulación de Eugenio Zaffaroni para la Corte Suprema de Justicia. En octubre de 2003, LA NACION los entrevistó en su sede de Suipacha al 100, donde ocupaban una oficina en el estudio jurídico de uno de los miembros de la fundación.

En ese momento, la fundación decía no depender de ningún partido político, pero la mayoría de sus simpatizantes estaba cerca del ala de centroderecha del justicialismo y varias de sus autoridades habían encabezado en los 80 la agrupación Unión para la Apertura Universitaria (UPAU), integrada por la Ucedé y el Partido Demócrata.  Fuente: La Nación.

Dolar: ¿Que hacer?

Un acuerdo de separación de bienes conyugales, la venta de una propiedad que ya se entregó, viajes de negocios, la jubilación retroactiva, un campo por el que se había pagado sólo una parte y hasta un fideicomiso de pronto pesificado. Detrás de la decisión oficial de impedir la compra de dólares en el sistema legal, hay rostros, historias, víctimas que pocos observan. El cepo partió al medio sueños, contratos y cientos y miles de historias que poco a poco están empezando a hacerse visibles. 

¿Se puede romper el bloqueo al dolar? ¿Conviene intentar un “esfuerzo compartido” entre particulares? ¿Es el comienzo de un conflicto que será imparable? ¿La Justicia arreglará el embrollo? Clarín indagó en algunos casos, los primeros, que sirven de ejemplo sobre lo que está ocurriendo debajo de los grandes anuncios y cómo intentan, algunas personas, encontrarle solución. Sus características sirven como pruebas piloto del recorrido que muchos otros probablemente transiten.

Los abogados que tratan estos casos recomiendan tres opciones para intentar “desbloquear” el bloqueo. La primera sería el acuerdo entre las partes y reconoce una “derrota”: si hay un préstamo en dólares a saldar entre dos privados, se puede resolver utilizando como cambio un dólar a mitad de precio entre el oficial y el paralelo. “Esa salida es útil para los acuerdos de buena fe, siempre y cuando no sea mucha plata y se la pueda aguantar. Si no, hay que ir a la Justicia y reclamar para que sea el Estado el que pague las consecuencias de sus medidas”, explica Fabián Bergenfeld, quien ya tiene en su oficina una decena de casos de distinta magnitud. Para ir a la Justicia hay dos caminos posibles, uno a través de amparos (reclamos de fondo) y otro vía medidas cautelares, que requieren urgencia y han tenido, hasta ahora, menos efectividad. 

Por el dolar "se puede pedir un amparo"

Fabian Bergenfeld explicó que la Constitución Nacional permite utilizar ese recurso y consideró que se podría reclamar al Estado por los daños y perjuicios sufridos con los afectados. Se mostró preocupado porque a dicho rubro "lo vamos a tener que pagar todos"

El abogado Fabian Bergenfeld aseguró este miércoles que los afectados por el cepo a la venta de dólares pueden pedir un amparo. 

"El artículo 43 de la Constitución Nacional (CN) prevé que ante cualquier avasallamiento de derechos que se haga como consecuencia de un acto de una autoridad pública, un particular puede presentarse ante el fuero contencioso administrativo", agregó.
En este caso, se trató de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuyo control involucra también al Banco Central (BCRA) y al Ministerio de Economía.
Respecto de la situación inmobiliaria, el especialista comentó que se pueden dar varias situaciones.
"La mas típica se da cuando una persona pide una hipoteca por saldo de precio, en el boleto de compraventa que firma surge que la persona tiene los dólares necesarios para cancelarla, ycuando le dan el crédito hipotecario en pesos, no puede comprar los dólares", indicó Bergenfeld.
 Esto significa que el afectado "puede quedar en la calle porque no puede cancelar el préstamo y la seña que entregó puede llegar a quedar en manos del vendedor", dijo el abogado a Radio 10.

En este aspecto, el abogado indicó que "se genera una controversia entre las partes porque anticipadamente el deudor dijo que contaba con los dólares. Esto funciona así en la práctica".

"También puede haber conflictos entre particulares en la Justicia. Esto lo está generando el Estado con esta clase de medidas", señaló.
En el sector inmobiliario y en los que quieran viajar (ya sea por salud o turismo) se pueden estar afectando derechos adquiridos, por ejemplo, si se compró un paquete y ahora no se puede obtener los dólares, consideró.
Para Berfenfeld, esto no implica que no se pueda salir del país pero indirectamente se está generando una restricción.
"Coincido con el presidente de la Corte Suprema, Ricado Lorenzetti, en que el particular puede solicitar un amparo, pero a la larga se van a presentar acciones de daños y perjuicios contra el Estado y lo vamos a terminar pagando todos", agregó.
"La Justicia se va a hacer eco de los amparos. En determinados fueros, como el correccional y criminal federal el brazo de la Justicia está bastante restringido por la influencia del poder político. En el fuero contencioso administrativo no ocurre lo mismo, en donde se ha litigado con bastante éxito con el tema del corralito y otras cuestiones", remarcó Bergenfeld.
En este tema, ya se plantearon distintos amparos por diversas situaciones y para el experto, con las nuevas restricciones, se van a multiplicar.
"Difícilmente hagan lugar a la medida cautelar que se plantea con el amparo (como en el corralito, que se pretendía que se devuelvan anticipadamente los depósitos) porque los jueces consideran que si hacen lugar a un embargo o a una orden contra la AFIP, se resuelva la cuestión de fondo", agregó.
El resultado final va a ser el que está anticipando el presidente de la Corte (el respeto a los derechos de cumplir los contratos, acceder a la vivienda y transitar libremente sin restricciones). Esta anomia en la que vivimos sumergidos es la que genera este tipo de situaciones, finalizó.  Fuente: Legales

Jubilados denuncian al Gobierno

Un grupo de jubilados denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Argentina (CIDH) no está cumpliendo con un acuerdo celebrado en 2009 por el cual el Estado nacional se habría comprometido a desistir de recursos y apelaciones en los juicios por reajustes previsionales.

Según explicó el abogado de los jubilados, Fabián Bergenfeld, "el acuerdo había sido firmado el 4 de noviembre de 2009 en el marco del caso Menéndez y Caride, Petición 11.670 del Registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos". Por ese convenio, el Estado argentino quedaba obligado "a desistir de los recursos planteados y a no presentar nuevas apelaciones ni recursos ante la Corte Suprema, garantizando la ejecución de las sentencias dictadas en favor de jubilados en el fuero de la Seguridad Social, sin más dilaciones".

El acuerdo fue firmado, según Bergenfeld, por representantes de los jubilados y sus sucesores, "y en representación del Estado Argentino por el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, el Director de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, el Asesor de Gabinete de la Cancillería Argentina, y la Gerente de Coordinación y Control del Anses". "Pero nada de ello fue cumplido, agravándose la situación al perseguirse mediante recusaciones y denuncias a los jueces independientes que actuaban con celeridad, lo cual ha provocado que desde entonces las causas en trámite en el fuero de la Seguridad Social se cuadriplicaran (de 128.650 a 487.560)". Bergenfeld anunció mayores precisiones sobre el tenor de la denuncia para el próximo miércoles a las 15.30 en un acto que tendrá lugar en la sede del sindicato Uatre, Independencia 3058, de esta Capital. Fuente:DyN

Aguilar salió a defender a Grondona

Jose María Aguilar y Mario Israel plantearon un incidente de falta de acción, en el marco de la causa que se investigan las cuentas en el exterior de Julio Humberto Grondona.

¨En Grondona se esconde la mano siniestra. Es la la única persona contra la cual he dirigido como querellante mi imputación¨ aclaró hoy el abogado Fabián Bergenfeld ante la Justicia.

El expresidente de River, que dejó al club con una deuda de 140 millones de dólares, reapareció en el Mundial de Clubes trabajando como dirigente para la FIFA. Aguilar fué el único representante argentino miembro del Comité Organizador de Mundial de Clubes, pese a que aseguró: "llevo dos años alejado del futbol y sin hablar con el periodismo por recomendación judicial", dijo a la agencia dpa Aguilar en el lujoso Ritz Carlton de Roppongi, donde se hospeda al igual que el presidente de la AFA y vicepresidente primero de la FIFA.

La causa: ¨Aguilar, Jose María y otros s/ defraudación¨ tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11. Es la misma por la que el 27 de Septiembre fueron allanadas las sedes de la AFA y River, en el marco de una investigación promovida originalmente por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y en la que Bergenfeld es el único querellante.

¨He sido directamente afectado como socio por los graves hechos delictivos que se han sucitado en el Club Atlético River Plate en los últimos años. Que decir de los actos de violencia de los que hemos sido víctimas, por el accionar de ¨barrabrabas¨, que han protagonizado tiroteos y acuchullamientos de socios y dirigentes en los quinchos del club. Miles de personas ven afectada su tranquilidad y su seguridad física, ante hechos como los propiciados por dirigentes inescrupulosos¨ disparó Bergenfeld.

El juez federal Claudio Bonadío libró recientemente oficios a bancos de Inglaterra, Estados Unidos y Suiza para investigar si el presidente de AFA tiene cuentas en el exterior. Todo en el marco de una causa en la que también se investigan presuntas irregularidades en River.

¨Y si ningún miembro de la Asamblea de Representantes de Socios se ha presentado, es por que o bien estará bajo la influencia de directivos interesados, o bien no querrá exponerse a cargar con las costas del proceso. Pero cuando uno llega a las instancias límites que hemos tenido que padecer, debe aparecer el coraje, que permita poner freno al avasallamiento de el derecho a la vida y a la seguridad física, mas alla de tener que hacer honor también a ideales que en esta sociedad cada vez escasean en mayor medida¨ cerró el querellante.

La justicia investiga a Don Julio

El juez federal Claudio Bonadío libró oficios a bancos de Inglaterra, Estados Unidos y Suiza, en el marco de una causa en la que también se investigan posibles irregularidades en River

Julio Grondona vive unos meses difíciles y lo judicial no le escapa a eso. En las últimas horas, el juez federal Claudio Bonadío libró oficios a bancos de Inglaterra, Estados Unidos y Suiza para investigar si el presidente de la AFA tiene cuentas en el exterior. Todo es en el marco de una causa en la que también se investigan presuntas irregularidades en River.


Según consigna la agencia DyN, Bonadío reclamó además informes al Banco Central sobre las cuentas de Grondona y sus familiares, pidió las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos diez años y requirió informes sobre si se está realizando la sucesión de un ex colaborador del presidente de la AFA, quien aparecería como apoderado de algunas cuentas.

El magistrado hizo lugar al pedido de producción de prueba del abogado Fabián Bergenfeld, querellante en el expediente, quien un mes atrás había reclamado que "se oficie al Banco Central de la República Argentina, para que informe sobre la totalidad de las cuentas bancarias que han sido abiertas por el imputado y los otros apoderados de dichas sociedades".

Según confirmó el propio Bergenfeld, el juez también aceptó el pedido para que "se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que remita las últimas diez declaraciones juradas presentadas por Julio Grondona, Humberto Grondona, Liliana Grondona y Daniel Pellegrino". Sobre este último, ex chofer y secretario personal del presidente de la AFA ya fallecido, pidió informes a la oficina de Juicios Universales sobre la tramitación de la sucesión y los bienes sometidos al proceso hereditario.

La causa es la misma por la que el 27 de septiembre pasado fueron allanadas las sedes de la AFA y del club River, en el marco de una investigación promovida originalmente por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. El denunciante imputó a Grondona, entre otros delitos, el de "lavado de dinero".

Fuente: Clarín y DyN

Las cuentas de Grondona, bajo la lupa

Los extractos están allí, a la vista. Listos para que la Justicia entre en acción y, como pidió este último lunes el abogado Fabián Bergenfeld, determine si las cuentas a las que corresponden, radicadas en bancos en su mayoría suizos a nombre de cuatro sociedades off-shore, fueron o no usadas por Julio Grondona para cometer el delito de “lavado de dinero”.

Las costancias bancarias fueron presentadas por Bergenfeld acompañando el pedido que le hizo al juez federal Claudio Bonadío, en el marco de la causa contra Grondona que él mismo, como “particular damnificado” por su condición de socio millonario, promovió acusando al titular de la AFA de -según consta en su propia denuncia- “urdir un plan siniestro” para usar el descenso de River como “moneda de cambio” en su conflicto con la empresa que televisaba los partidos antes del Fútbol para Todos.

Como puede comprobarse en la galería de imágenes que acompaña esta nota (ver abajo), las cuentas están radicadas en los bancos Credit Suisse First Boston, UBS, Vontobel, Centrum Bank AG, Hyposwiss Privatbank AG, Citibank NY y Lloyds TSB Bank, y tienen como apoderados a Grondona, sus hijos Humberto y Liliana y su fallecido ex chofer Daniel Pellegrino, quien ofició evidentemente de testaferro para ocultar varios de estos depósitos cuyo monto total ascendería a u$s 106 millones.

El documento original del que fueron levantados los extractos en cuestión fue aportado a la Justicia por el empresario Carlos Avila, el ex dueño de Torneos y Competencias, quien denunció a Grondona por “administración fraudulenta” pero finalmente dio marcha atrás con la demanda que tramitaba desde el pasado 10 de agosto en el Juzgado de Instrucción Nro 30 que preside el Juez Jorge López.

En declaraciones al portal analitica.com, el abogado Mariano Cúneo Libarona (patrocinante de Ávila en su causa) expresó hace poco: “Yo creo que ese dinero, que no tengo duda no ha sido declarado por Grondona ante el Fisco, proviene de la FIFA, de las coimas que se pagan alrededor de la FIFA en Zurich, donde ese organismo tiene su sede”.

Para Bergenfeld, en cambio, Grondona directamente “ha desviado en provecho propio fondos públicos, que debían estar destinados a los clubes afiliados”, a través de “la administración fraudulenta del dinero que le entrega el Gobierno” por el Fútbol Para Todos.

También según Bergenfeld, “tal certeza se suma a otras, como cuando contradijo al Gobierno ‘empujando’ al descenso a River Plate, al no lograr que el Estado Nacional fuera también demandado por TyC por la rescisión del contrato” que ligaba con la AFA hasta 2014 a los antiguos poseedores de los derechos de televisación del fútbol argentino.

Según el abogado, Grondona “logró de ese modo reabrir una negociación con dicha empresa para frenar el juicio multimillonario que le sigue a la AFA por tal rescisión, y a la vez comprometer mayores aportes del Gobierno por permitir que Futbol para Todos también transmitiera los partidos claves del Nacional “B”, entre los que se destacan los de Ríver”.

En el escrito que presentó el lunes, Bergenfeld pide librar exhortos para conocer “todos los movimientos de ingresos y egresos de divisas que se hayan producido” en las cuentas en cuestión.

Además, y “a los fines de establecer cuál ha sido la ruta del dinero”, solicita “se oficie al Banco Central de la República Argentina para que informe sobre la totalidad de las cuentas bancarias que han sido abiertas en los últimos 20 años por el imputado y los otros apoderados de dichas sociedades”.

Por último, el abogado pide que “se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que remita las diez últimas declaraciones juradas presentadas por Julio Humberto Grondona, Humberto Grondona, Liliana Grondona y Daniel Pellegrino, a fin de corroborar si las cuentas en el exterior de las cuales resultan ser apoderados y/o titulares, se encuentran o no denunciadas” ante el fisco. ¿Las habrán declarado? ¿O seguirá siendo Grondona para la AFIP un simple ferretero de Sarandí?

Fuente: Perfil